Cárcel pública de El Seibo, encerrada en las rejas de un modelo arcaico
Por Jeni Polanco Castillo
Jennypc03@gmail.com
@JeniPolancoC
El Seibo.- Fundada en 1958 durante el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, consagrada como una de las cárceles más viejas del país, la cárcel pública General Pedro Santana de El Seibo está ubicada en el mismo centro de la ciudad, en plena avenida Manuela Díez Jiménez.
Un colegio y un centro comunitario, son las dos instituciones que bordean este recinto, que sigue enfrascada en el viejo modelo penitenciario, lejos del humanizado nuevo modelo que promueven las actuales autoridades. Su seguridad está a cargo del Ejercito de la República Dominicana.
En el país existen unos 35 recintos penitenciarios, de los cuales 32 aún permanecen en el viejo modelo. Construida inicialmente para una capacidad de 102 internos, actualmente con una evidente sobrepoblación de 908, esta cárcel se encuentra en la lista para pertenecer al ansiado nuevo modelo.
El traslado y construcción de una cárcel pública modelo, se ha convertido en El Seibo en un clamor general tanto de autoridades como de munícipes. En sus rejas tiene reclusos locales, de Miches, Hato Mayor, Higüey y hasta del Cibao.
Hacinamiento
En esta cárcel es fácil encontrar 120 y 160 internos por celdas, entre tres y hasta cuatro reclusos por habitaciones en tamaño, aproximadamente, de uno y dos metros. Están construidas de cartón, en las que conviven bajo condiciones de calor sofocante y, cuando no hay energía eléctrica, se convierte en una hazaña permanecer dentro de ellas.
El dueño de la habitación decide si habitarla solo, o ganar unos pesos extras alquilándola a algún compañero interesado. La modalidad o el tipo en que se encuentran esas habitaciones son de especie soberado, donde se colocan unas sobre las otras.
Amontonados y separados por los cartones que dividen las habitaciones, algunas de niveles por las que es posible “gabearse” con escalones de tablitas, en las que si posee recursos económicos logra comodidad, si no, se ajusta a lo que venga.
Tirados en colchones de algunos pasillos. El espacio donde operaba la iglesia del penal, ya tiene más de 110 internos, mal durmiendo y respirando el calor, lo que provoca el contagio y expansión de enfermedades. La que en un principio era grande, ahora se queda pequeñísima, representando un 700% de límite ocupacional. “Sacaríamos 700 reos y todavía la cárcel queda chiquita para los restantes”, señala Miguel Ángel Peralta, director provincial de Salud Pública en El Seibo.
Se puede vivir bien y ganar dinero ahí dentro. Un abanico o un televisión es lujo que no todo interno puedo darse, tampoco pagarse un local para colocar un establecimiento que le genere ingresos, y mucho menos una habitación cómoda, puesto que los precios oscilan entre 7,000, 10,000 y hasta 30,000 mensuales.
“Aquí si quieres estar cómodo, pagas, sino te adaptas a vivir entre el hacinamiento y apiñamiento, esa es la ley en las cárceles de este país. Cuando vienes a salir de aquí, ya estás peor de lo que entraste. Tengo un amigo que tiene su negocio, no de drogas ni de alcohol, pero él pagó mucho dinero y cuando salga me dice que tendrán que pagarle un millón para venderle eso”, manifiesta José, quien de 20 años condenado por homicidio, ya ha cumplido nueve.
Condiciones sanitarias versus hacinamiento
El director provincial del Ministerio de Salud Pública, Miguel Ángel Peralta, reconoce que la infraestructura ha cambiado mucho, pero que el hacinamiento representa hoy por hoy el principal problema de la cárcel. Reconoce también que el área de salud funciona a medias, debido a que carece de médicos.
“Los médicos de los que se dispone son dos y no están a tiempo completo, por lo que no hay un servicio eficaz de salud para los internos. Teníamos un médico en clase de interno que nos ayudaba, pero ya salió. Aun así, con esas precariedades, ellos mantienen los índices de infecciones controlados. En condiciones físicas ha mejorado. La situación de hacinamiento provoca enfermedades como la tuberculosis, dermatosis y otras. El bacinete de un baño le sirve muchas veces a un recluso de almohada”, asevera Peralta.
El consultorio de la cárcel funciona a medias también, no cuenta con personal de enfermería, y los medicamentos escasean. En la mayoría de los casos se hacen referimientos al hospital Teófilo Hernández, en los que unas tantas veces el reo debe tener los 200 pesos del taxis.
“Cuando nos enfermamos, es un lío. Si uno no se está muriendo, no te llevan al hospital. Aquí, como mucho, te toman la presión o te ponen una inyección. Casi no hay medicamentos, dos o tres cosas básicas”, explica un recluso reincidente por casos de uso y posesión de drogas, proveniente de Hato Mayor.
Actualmente, hay cinco casos de tuberculosis activos, que según el doctor Peralta ninguno la contrajo en el recinto carcelario, sino de presos que llegaron de otras cárceles. “Aquí murió, recientemente, uno de los que atacaron a la ingeniera Francina Hungría. Murió de tuberculosis resistente”, puntualiza Peralta.
También hay seis casos de VIH, de los cuales dos están en franca etapa de deterioro. También se registran casos de dermatosis o patologías de la piel y enfermedades gastrointestinales, aunque pocos casos, porque la calidad de la comida es generalmente buena. Hay alrededor de 120 cardiópatas que no reciben atención especial y aproximadamente 26 reclusos con diabetes y dos con insuficiencia renal.
Enfermedades como el dengue son prácticamente nulas, debido al proceso de limpieza que realizan dentro del recinto penitenciario. “No se acumula agua, ni cacharros”, indica Peralta.
Para este funcionario del sector Salud, una de las preocupaciones que ocupan el ámbito de la salud es que existen alrededor de 60 personas que están de ir a sus hogares por motivos de enfermedad. “Hay personas que están de ir a sus casas de cuyas enfermedades lo ameritan, pero el Ministerio Público no manda”, sostiene Peralta.
No los indultan y mueren ahí dentro. “A veces hay personas con riñones insuficientes que hay que hacerle diálisis interdiario, y no es posible”, afirma el galeno.
Otra de las preocupaciones y la de mayor importancia es un solo caso de tuberculosis. “Un paciente con tuberculosis puede contagiar 20 o más personas, con supervisión médica”, indica Peralta.
De igual modo, la aglomeración de personas los días de visita donde se pudiese hacer un “intercambio de enfermedades” entre el que entra y el que está. Hay un grupo de muchachas que entran como damas de compañía, que también colaboran al intercambio.
Peralta solicita, por “motivos de seguridad”, el traslado de la cárcel hacia otro lugar de la ciudad, donde no represente peligro para los ciudadanos. “Yo me uno al pedido. Hay que sacar la cárcel de ahí. Se mercadea alcohol que fabrican ahí mismo; detrás hay un colegio y eso es un peligro. Se cambia de lugar, se coloca una pared suficientemente alta, se ponen promotores de la salud dentro, y en ese lugar se hace un centro de capacitación, de modo que le saquemos beneficio a eso”, expone Peralta.
Testimonios
Julio Cesar, 34 años de edad, cumple una condena de 20 años, por motivos que él denomina “un error”. Su madre lo visita cada vez que puede. Allí ha hecho amigos, uno de ellos un norteamericano, que siempre “compra el hielo en el colmado y promueve las actividades deportivas”.

Julio ve cómo su compañero de al lado tiene su habitación, con unos 12 pares de tenis y siente que ni allí se escapa de la desigualdad social. “Unos tienen de todo y otros de nada. Yo ni afuera ni adentro he tenido nada; conozco gente que se ha hecho de mucho dinero estando aquí, y que construye casas desde aquí. Solo me visitan mi esposa y mi mamá; no dejo que ninguno de mis cinco hijos me visite. Me arrepiento, pero con las condiciones de aquí, no sale nadie mejor; es falso”, apunta este interno.
Queda poco menos de un año para que concluya el proceso propuesto para la construcción de centros carcelarios de modalidad nuevo modelo, un programa de infraestructura y servicios de condiciones humanizado, que mejora la situaciónde los privados de libertad. Se estima que concluiría en abril del 2020. En este sentido, el presidente de la filial de El Seibo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial El Seibo, Claudio Rijo, cree que de “urgencia debe mejorarse la asistencia de medicina y el proceso de hacinamiento” de esta cárcel.
Considera también que el trabajo de la nueva alcaidesa, Paula Cedeño, designada tras protestas escenificadas en el penal, “vale la pena”. Cedeño fue designada en sucesión del alcalde Guillermo Concepción.
“Le he hecho varias observaciones y acude; le dije que había una denuncia de que un reo había sido golpeado. Al final se investigó y se concluyó que se había auto golpeado para acusar a un compañero”, sostiene Cedeño.
Aunque no conociera personalmente al alcaide anterior, dice que los reclusos le habían comentado que no lo querían. Sobre utilización de celulares o peajes, dijo que condenaba el uso abusivo de celulares que hay en la cárcel por razones de estafas y sicariatos. “A través de los celulares hasta se ha enviado a matar gente desde ahí dentro”, señala Rijo.
Reclama, también, un cambio de lugar de la cárcel. “Una bala puede causar una tragedia en cualquier momento. Hay que sacarla de aquí. El peligro, la hacinación y sobrepoblación van a colapsar eso”, apunta Rijo.
Algunos presos tienen una visión más o menos optimista. “Últimamente, hay mucho orden; la nueva alcaidesa ha manejado todo bien. Claro, siempre ha habido presos que si se portan mal lo meten en “la solitaria”, que es una celda oscura donde te dejan por un día. Pero las reglas hay que cumplirlas. Participamos de las actividades deportivas; asistimos a cursos; hacemos vida normal, dentro de lo que cabe, porque no tener libertad opaca todo”, así narra uno de los reclusos de la celda 5, quien dice que a pesar de todo, el trato hacia ellos ha cambiado mucho.
“Pepe el bizco” cumple una condena de 25 años por homicidio, de los que ya ha cumplido 14. Tiene 44 años y proviene de otra provincia. Relata que su mayor deseo es salir de las rejas. No ha hecho amigos. No recibe visitas, pero participa en las actividades.
Uno de los principales promotores para que trasladen la cárcel de lugar, el cual se avivó a raíz de la balacera que se produjo luego de la fuga de unos reos en 2018, es el padre Miguel Ángel Gullón. Este sacerdote lidera el “Movimiento Unidos por una Mejor Provincia”, a través del cual han paralizado las actividades laborales en El Seibo, solicitando el traslado de la cárcel.
Gullón sostiene que las condiciones son “infrahumanas”, y que por ende se violan los derechos humanos. “Esta sobrepoblada. Las condiciones en que se encuentra son infrahumanas y se violan los derechos más básicos, por lo que el movimiento sigue solicitando un traslado del edifico a un lugar que sea digno”, señala Gullón.


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